El chavismo alcanzó el poder, en 1998, con un discurso ambiguo sobre la renovación de la democracia y la lucha contra la corrupción tras la figura de un caudillo quien se anunciaba como representante del pueblo ofendido por décadas de corrupción bipartidista y merma de las condiciones de vida, pero también de un estamento militar que fuera subordinado a civiles indignos. Dentro de la ambigüedad que rodeaba este proyecto político, reflejando pugnas entre militares de diversas tendencias, antiguos guerrilleros, líderes políticos e intelectuales de distinta filiación ideológica, e incluso sectores económicos oportunistas, la Constitución de 1999 reflejó como compromiso la continuación de un modelo de Estado de bienestar de perfil más bien liberal, con una expansión considerable de derechos económicos y sociales, así como la incorporación del denominado poder ciudadano  a la trilogía secular ejecutivo, legislativo y judicial, marcado todo ello por una expansión de las prerrogativas y roles  del estamento militar.  El proyecto de reforma constitucional de 2007 pretendía no solo a asegurar la reelección indefinida sino a la adopción de una nueva institucionalidad que fragmentaría el modelo de Estado de derecho de dominación burocrática, en términos weberianos, que perduraba en la Constitución de 1999. Esta nueva institucionalidad estatal, se orientaba hacia un comunalismo con control pretoriano, bajo el manto de la denominada unión cívico militar, y luego unión cívico militar y policial. La denominación misma es aberrante, pues resulta inconcebible un gobierno democrático bajo tal condición; pero ella se traduciría en una conexión directa, con grupos atomizados de conformación variable y coyuntural, debilitando la centralización institucionalizada, la burocracia profesional autónoma y el marco de la dominación a través de la legalidad, que caracterizan al Estado moderno.

 

Luego de la muerte de Chávez, en 2013, su sucesor incrementó el control militar de la seguridad, apoderándose de la policía civil. En 2015 se produjo la instauración de la denominada Operación de Liberación del Pueblo, procurando un despliegue y saturación oportunista, masivo y violento de fuerzas policiales, apoyadas por cuerpos militares, en áreas residenciales populares con una lógica de ocupación de un territorio enemigo. Aunque se produjeron cambios sutiles de denominación en unidades de alto impacto a las cuales fue trasladado el ejercicio de la coacción extrema para vengar la disidencia política, disciplinar la delincuencia común, y, aunque en menor grado, también la protesta social, el espectro de la represión se amplió y alcanzó niveles y cuotas de victimización que han alimentado los informes internacionales sobre violaciones de los derechos humanos. Luego del fraude electoral de 2024, la criminalización de la protesta se hizo cotidiana y extensiva hacia grupos poblacionales hasta el momento relativamente inmunes, como adolescentes y adultos mayores, mientras las condiciones económicas adversas para la población comenzaron a regresar a los peores momentos entre 2017 y 2021. Este es el escenario dentro del cual se produce la intervención norteamericana para capturar a Maduro, denominada operación resolución absoluta.

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Esta atrevida pero bien calculada operación fue precedida de un despliegue de carácter intimidatorio, con equipo militar sofisticado inusual en tiempos de paz, sobre la costa venezolana durante 4 meses. Sirvió, además, para actualizar la tecnología de guerra y el entrenamiento del personal que intervendría en la operación ulterior, practicando y exhibiendo abordajes sobre buques de transporte petrolero y mercante, mientras se aplicaba fuego real con resultado de muertes y destrucción a unidades precarias de navegación que supuestamente transportaban drogas, tanto en el mar Caribe como en el Pacífico oriental. Nunca se encontró ni se exhibió evidencia de ello, e incluso dentro de Estados Unidos comenzó una polémica sobre ejecuciones extrajudiciales, derecho de los conflictos armados y derecho  humanitario, aun en curso. Esta fase prosiguió con incursiones dentro del espacio aéreo venezolano para probar si los militares venezolanos respondían de algún modo, y, de ser el caso, destruir sus aviones o cohetes defensivos, lo cual no sucedió.  En la madrugada del 3 de enero pasado, una fuerza integrada por aviones y helicópteros de combate se abrió paso por el litoral central a la altura de Caracas, bombardeando primero diversos blancos de discutible valor estratégico, muy bien delimitados, y llegando a capturar y sustraer de uno de sus refugios nocturnos a Maduro, quien fue de inmediato trasladado a un buque de guerra y luego puesto en un avión, conjuntamente con su mujer, rumbo a Nueva York. Al día siguiente, ambos fueron imputados ante un tribunal federal y luego recluidos bajo detención preventiva mientras se realiza un juicio por cuatro cargos vinculados a conspiración para tráfico de armas y estupefacientes. La acción militar produjo, según cómputo oficial, la muerte de 26 jóvenes militares venezolanos, con rango de sargentos hacia abajo, y de 32 militares cubanos, al parecer tres coroneles entre ellos, todos pertenecientes al círculo más estrecho de seguridad de Maduro, además de otros civiles en las inmediaciones de los sitios atacados. Dada la rapidez, ausencia de respuesta de defensa y relativamente escaso y concentrado número de víctimas y daños, algunos han sugerido colaboración interna con el ataque, lo que no es implausible. Un par de días después, un general del más alto rango del ejército venezolano, jefe del equipo de seguridad presidencial, fue removido y, al parecer, arrestado, por su responsabilidad en facilitar la denominada extracción; y aunque ahora se le achaca también la responsabilidad por haber desactivado las defensas, ello resulta inverosímil, siendo lo más probable que haya cobrado la recompensa de 50.000.000 de dólares ofrecida por Maduro, que incluyó el pago por las víctimas y los daños colaterales;  en este tipo de operaciones, llegar al primer círculo de protección supone eliminar a cualquier miembro del equipo para neutralizar una reacción que se da como inminente y cierta.

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Según la Constitución venezolana, la vicepresidenta, y en su defecto el Presidente de la Asamblea Nacional, suplen las faltas del presidente: son dos hermanos vinculados al chavismo, no por convicción o por lealtad temprana, sino por habilidad sobrevenida apoyada en la muerte bajo custodia policial de su padre, en 1976. La función y desempeño de la nueva presidenta no es lo que podría esperar la mujer venezolana al momento de ocupar por primera vez el cargo: ha sido reconocida de inmediato por los invasores como su pieza clave para la transición, bajo amenaza de una nueva extracción en caso de fallarles. Ello incluye apertura total a las petroleras norteamericanas, preferentemente excluyendo a cualquier otro país y, como anticipo, el embarque del crudo que satura los depósitos en tierra firme, además de una entrega de hasta 50.000.000 de barriles. Aparte de ello, muchos otros contratos para reparar vías de circulación, infraestructura eléctrica y telecomunicaciones. Su situación no es envidiable: ¿cómo cumplir con este programa sin irritar al chavismo que aun gobierna y controla ejército, gobernaciones, alcaldías, cuerpos deliberantes, jueces, Ministerio Público y Consejo Nacional Electoral? Y en caso de incumplir el dictado ¿cómo sobrevivir a otra extracción y enjuiciamiento en Estados Unidos? Sin duda un desafío que se extiende al hermano, quien ahora alardea de modificar toda la legislación nacional sin propósito definido. El riesgo interno no es menor: ser neutralizados por los agentes del chavismo, cualquiera será su rama, división o sub grupo, en caso de traicionar sus intereses.

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​Para Estados Unidos la operación fue totalmente exitosa. Logró penetrar con negocios muy favorables dentro de un entorno aparentemente hostil desde el punto de vista político. Ellos saben que estos oclócratas nacionales admiran el dinero, la buena vida, las marcas y el confort de los rentistas de alta gama, de modo que no van a entrar en conflicto con ellos por sutilezas de soberanía e independencia. Envían, además, a sus rivales de todo el mundo, especialmente a Rusia y China, el mensaje: no te metas con lo que corresponde a nuestros intereses, y a cambio te dejaré hacer lo que quieras con los tuyos, sean Ucrania, Taiwán o Gaza. Y también a sus tímidos aliados les advierte: ya ven que aquí yo mando, de modo que no metas tus narices, aunque España haya sugerido ¡quiero mediar! Y Francia haya manifestado, luego de su entusiasmo inicial, que no aprueba el método. Los demás callan, aunque Noruega le advierte a su recién galardonada que el premio nobel no es divisible, frente a la sugerencia que compartir su monto con el ejecutor de la extracción.

 

2) Eventuais tentativas de promover controle interno ou externo das atividades policiais, seja por meio da Corregedoria ou do Ministério Público (entre cujos deveres constitucionais se inclui o exercício desse controle externo), encontrarão muito mais obstáculos do que já ocorre. As razões incluem os elementos assinalados na apresentação do item anterior: laços clientelísticos ensejando lealdades político-corporativas, mas também corresponsabilização da autoridade nos atos objeto de investigação e controle.

 

En cuanto a nuestra patria americana, de la que hablaba Bolívar, solo cinco países con gobiernos progresistas han rechazado en conjunto la intervención. Es algo positivo, aunque poco efectivo. No hay un bloque que podría haber facilitado una transición política frente a un gobierno usurpador que se volvió innombrable. Esperaron demasiado, ni siquiera Mercosur sirvió para el propósito. Cuando hace 120 años las potencias europeas bloquearon por meses a Venezuela, el canciller de Argentina formuló su famosa doctrina, que según aprendí cuando estudiaba Derecho, ha sido, junto al asilo diplomático, la más elevada contribución de nuestra patria grande al derecho internacional. Cuando los ingleses invadieron las Malvinas, Venezuela cedió sus   exocets   para ayudar a los argentinos; ya vimos con quiénes se alinearon aquellos para ganar la guerra en dos meses.

 

¿Y los ciudadanos venezolanos, qué? Testigos mudos e impotentes frente a lo que sucede. No participarán del festín entre el invasor y la oclocracia; sus anhelos de libertad, progreso, paz; su vocación creativa y cálida, su generosidad hasta el extremo, de nuevo postergadas. Así también lo ha sido la laureada, aunque las razones del mandón son contundentes: no goza de ninguna influencia, ¡ni siquiera tiene respeto! ¿Quiénes lo tienen? Buena pregunta.

 

La gente que protagoniza estos eventos no quedará sembrada en la historia, como decía Pericles en boca de Tucídides; el pueblo ha perdido la confianza en sus gobernantes, pero acaso todavía no esté perdido él mismo como sostenía Confucio; y no hay que olvidar la observación de Maquiavelo: los descontentos pueden facilitar la ocupación del Estado, pero para conservarlo habrá mucha dificultad, ya que los sometidos formarán partidos nuevos y no se puede contentarlos ni destruirlos. Este es el verdadero desafío que enfrenta Venezuela. No hemos transitado con paciencia y perseverancia el camino que permite allanar los desacuerdos más peligrosos entre nosotros mismos; y con nuestra torpeza no hemos evitado caer en manos de extranjeros voraces. La patria grande se encuentra fracturada. Al igual que bajo el Imperio romano, un ejército invasor se apoya en el botín como aliciente, mientras conviene recordar que son los militares quienes pueden sostener a los gobernantes, sean legítimos o no. Así ha sido desde antes de Calígula hasta después de Gadafi.

 

Sugestões de leitura

Gabaldón, Luis Gerardo. “Promiscuidad entre violencia pública y privada”. In: Álvaro Pérez, Emilio García Méndez, Jesús Muñoz Gómez, Analia Ploskenos e Iñaki Rivera (coord.), Criminología y Derecho Penal para el debate, Bogotá: Temis, 2021, pp. 735-757.

Smilde, David; Zubillaga, Verónica; Hanson, Rebecca. The Paradox of Violence in Venezuela: Revolution, Crime and Policing during Chavismo. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2022.

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